El día de ayer, martes 6 de mayo,
se realizó en el Salón de las Provincias del Congreso de la Nación la segunda
reunión de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo. Allí fue convocado el contador Haquim, quien a finales de 2013 fue autorizado "a realizar todos aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por el marco legal vigente" por la Comisión (ver resolución y ratificación). Haquim realizó un balance de las gestiones realizadas a lo
largo del año y remarcó que las puertas de la
Defensoría del Pueblo siguen abiertas, y sus empleados continúan cumpliendo sus
tareas, a pesar de la acefalía (audio disponible aquí).
A continuación, varios integrantes de la Comisión realizaron
intervenciones relacionadas a la falta de avances en el proceso de designación
de un Defensor del Pueblo –vacante hace casi cinco años- y de sus adjuntos –
vacantes hace más de cuatro meses. Sobre el tema, cabe destacar las
intervenciones de la Senadora Morandini (Frente Cívico de la Prov. de Córdoba), quien
recalcó que la acefalía de la Defensoría del Pueblo “no es una buena señal hacia
la ciudadanía”, y manifestó su preocupación por la falta de debate para acordar
estándares de idoneidad que permitan avanzar en la identificación de un nombre
“que conforme a todos”.
Posteriormente el Senador Pichetto
(FpV) remarcó que el rol que cumple Haquim le fue concedido de manera
provisoria, hasta en tanto se logre arribar a un consenso, sobre lo cual afirmó
“sabemos que estamos en un tiempo pre-electoral, político, muy intenso en el
cual es difícil arribar a estos consensos. Los 2/3 es un porcentaje de adhesión
realmente muy alto, fíjense que se usa para reformar la Constitución o para
designar a los jueces de la Corte. Me
parece que el Gobierno ha hecho un esfuerzo, ha planteado el nombre del ex Jefe
de Gabinete…no hubo consenso (…) Mientras tanto seguiremos hablando, y a lo
mejor en algún momento surge alguna figura que pueda reunir ese porcentaje de
votos que se requieren en la Cámara para poder votar.”
Lo siguió en el uso de la palabra
la Diputada Camaño (Frente Renovador), quien expresó “lo que nos pasa es
producto del funcionamiento de este cuerpo. No tenemos que flagelarnos tanto.
Simplemente tenemos que generar un marco que nos permita llegar a acuerdos. (…)
Lo importante es que esta Comisión garantice el funcionamiento de la Defensoría
(…) esforzándonos creo que todos (…) todos proponernos intentar acuerdos sobre
la búsqueda de la personalidad adecuada. Esa mayoría calificada responde
precisamente a eso: a la necesidad de excelencia que debe tener aquel que
represente al pueblo en nombre de los legisladores en la Defensoría.”`
Por último el Presidente de la
Comisión Bicameral, Juan Carlos Marino remarcó que recién la semana pasada se
constituyó la Comisión, cuyas puertas –afirmó- están abiertas, y remarcó que es
necesario “un esfuerzo de todos” para que se designe un Defensor del Pueblo.
(audio de las intervenciones de los legisladores)
Desde las organizaciones
consideramos que es fundamental que los integrantes de la Comisión inicien de
inmediato las reuniones necesarias para consensuar estándares que deben reunir
los candidatos, para luego comenzar el proceso de propuestas. Por el momento no
se observa que exista un marco propicio para ello. Es más, parecería que los
referentes de los distintos bloques consideran que se trata de una negociación
en la cual algunos partidos políticos “se quedan” con algunos cargos, y otros
“se quedan” con otros cargos, lo cual definitivamente dificulta las
negociaciones en un contexto pre-electoral, pues hay incertidumbre y especulación
en torno a quién ocupara el Poder Ejecutivo, y cómo será la composición del
Congreso luego del recambio que se producirá en 2016.
Es importante recalcar
que en este caso la ley les concedió a los integrantes de la Comisión la tarea
de definir quién ocupara los cargos en la Defensoría del Pueblo, y que quien
termine designado debería tomar decisiones libre de influencias y agendas
partidarias (oficialistas u opositoras), en tanto ello minaría su legitimidad. Es
decir, no sólo es autoevidente que quien tiene que cumplir tareas de dirección
en un organismo de control externo no debería surgir del seno del partido cuyas
acciones debe controlar, sino que -dado que la Defensoría no tiene potestades
sancionatorias- para que sus pronunciamientos tengan la fuerza y legitimidad
moral que requieren para tener impacto sobre la opinión y las políticas
públicas, quien las emite no debe ser identificado con una agenda partidaria.
En este contexto, consideramos propicio realizar un repaso
del debate que se produjo en el marco de la Convención Constituyente para
comprender por qué se creó esta la
figura del Defensor del Pueblo. De aquel debate (http://bit.ly/1delfX1) surge claramente que los convencionales identificaron que los mecanismos
administrativos, en tanto ubicados dentro de la propia administración, no
ofrecen garantías de independencia a los administrados; los mecanismos
judiciales son largos y costosos; y los controles parlamentarios están teñidos
de intereses políticos. Estaban convencidos de que era necesario crear una
entidad distinta, novedosa, que fuera capaz de suplir estas fallas. Eran
conscientes de que existe un gran porcentaje de la población que no tienen
acceso al control ni la defensa de derechos, particularmente entre los sectores
más desaventajados, que enfrentan una doble incertidumbre, pues no conocen sus
derechos, y no confían en quienes dicen querer defenderlos.
Esperamos que el Congreso avance rápidamente en la designación de un Defensor del Pueblo idóneo, lo cual requiere que el proceso se realice tomando en cuenta el rol clave que le reconoció la Constitución Nacional como entidad fundamental para el buen funcionamiento del sistema de protección de derechos y rendición de cuentas, y la importante función social que en la práctica lleva adelante.
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